Crimen de Barbados: doble rasero antiterrorista de Estados Unidos

Familiares de una victima del crimen.

Ulises Canales*
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La Habana.- A 30 años del crimen de Barbados, que cobró la vida de 73 personas, la obstrucción de la justicia por parte del gobierno norteamericano pone en jaque la credibilidad de su autoproclamada cruzada mundial antiterrorista.

La explosión en pleno vuelo de una aeronave civil cubana, el 6 de octubre de 1976, no solo arranca lágrimas a familiares de las víctimas, sino también desata ira y frustración porque los autores confesos del atentado son protegidos del gobierno de Washington.

De hecho, el imborrable trauma psicológico sufrido por hijos, padres, hermanos y esposos se aviva al escuchar insistentes discursos del presidente George W. Bush, buscando justificar su sed imperial con inverosímiles sorbos de pseudo-antiterrorismo.

En opinión de observadores diplomáticos, a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando los estadounidenses fueron blanco de los mayores atentados terroristas en su propio suelo, a Bush le resultaron insuficientes sus maniobras para capitalizar la conmoción mundial.

La recurrencia a la violencia para presuntamente contrarrestarla, la invasión de países soberanos para ?cazar? terroristas y el derrocamiento de gobiernos legítimos en nombre de la libertad, deterioraron su imagen, aún cuando ganó la reelección en 2004.

Más allá de lo ya conocido en todo el planeta, en el hemisferio occidental -concretamente en la América Latina que tradicionalmente consideró su traspatio- la protección de criminales internacionales pone al desnudo el doble rasero de La Casa Blanca en la materia.

Al tildar de ?diablo? a Bush en su discurso ante el 61 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el presidente venezolano, Hugo Chávez, lo acusó de terrorista por proteger a criminales acusados de cometer actos de esa naturaleza.

Según recoge el libro Pusimos la bomba, ¿y qué??, de la periodista venezolana Alicia Herrera, la confesión de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch como autores intelectuales del crimen de Barbados bastaría para perseguirlos, juzgarlos y encarcelarlos.

Bosch reside en Estados Unidos sin conflicto alguno con la justicia, mientras Posada Carriles está siendo procesado por ingreso ilegal a aquel país, un delito insignificante ante el abultado expediente criminal que se vanagloria en exhibir.

La permanencia en territorio estadounidense de ese connotado terrorista multiplica las dudas sobre la legitimidad del compromiso de Washington a respetar las resoluciones de la ONU contra ese flagelo, en torno al cual se involucra seriamente la mayoría de los gobiernos.

Tras quedar desestimada por La Casa Blanca la solicitud de Cuba para extraditar y juzgar a Posada Carriles por el atentado al avión comercial, el gobierno de Chávez la pidió, dado que en 1985 había escapado de una cárcel en Caracas mientras era procesado.

Sin embargo, maniobras dilatorias y consideraciones políticas han pesado en la negativa norteamericana a facilitar el enjuiciamiento de quien también planeó y pagó las explosiones dinamiteras en hoteles de La Habana en 1997, con saldo de un turista muerto.

Posada Carriles, bautizado como el Bin Laden de América, estuvo preso en Panamá, donde en 2000 el propio presidente cubano, Fidel Castro, desenmascaró allí los planes para asesinarlo durante la cumbre iberoamericana de ese año.

La renuencia de las autoridades estadounidenses a deportar a ese ciudadano venezolano de origen cubano es contraria a lo estipulado en la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 28 de septiembre de 2001 a propuesta del propio gobierno norteamericano.

Dicho documento, que invoca el capítulo VII de la Carta de la ONU, obliga a todos los Estados a asegurar el enjuiciamiento de cualquier persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o los apoye.

Igualmente estipula tomar medidas efectivas para impedir el tránsito de terroristas y negar refugio no sólo a los culpables de esos actos, sino también a los que los protejan.

Otra resolución de la ONU contra el terrorismo e ignorada por La Casa Blanca en el caso de Posada Carriles es la 1624.

El texto subraya que las medidas de protección enunciadas en la Convención sobre los Refugiados y su Protocolo no serán aplicables a nadie respecto de quien existan razones fundadas para considerar que ha cometido actos contrarios a los propósitos y principios de la ONU.

Insta, además, a denegar protección a toda persona respecto de la cual se disponga de información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es culpable de terrorismo.

Ni los dolientes de los muertos en las costas de Barbados en 1976 ni quienes quedaron compungidos ante el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York pueden quedar impávidos ante las argucias jurídicas esgrimidas por Washington para cobijar a un terrorista.

*El autor es Jefe de la Redacción Nacional de Prensa Latina.